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Fiscalía no quiso demoras y ya entrevistó a diputados que denunciaron a Celso Gamboa

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La Fiscalía General no quiso dar largas al asunto y desde la semana anterior tomó la declaración de los diputados Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero, ambos del Partido Acción Ciudadana (PAC). Ambos denunciaron mensajes y llamadas de Celso Gamboa quien les propuso no acudir a la sesión legislativa en la que votaría su destitución.

Los legisladores aseguraron el 10 de abril que recibieron comunicaciones del exmagistrado para ‘invitarlos’ a no presentarse al plenario y así comprometer el quórum requerido para la votación.

El plan, según lo dicho por Gamboa a Guerrero, era lograr que no alcanzara la cantidad de diputados necesarios para votar y así ‘renunciar’ por las buenas el próximo 30 de abril.

Luego, asumiría un cargo en Google, cosa que fue desmentida luego por la empresa tecnológica.

Tras la denuncia de los legisladores, los diputados presentes ese día accedieron votar y el saldo fue el despido de Gamboa. Hubo 39 votos positivos, 2 abstenciones y 16 ausencias.

Guerrero confirmó a CRHoy.com que entre jueves y viernes la declaración suya –junto a la de Redondo- fue tomada por las autoridades judiciales. Por ese motivo, no quiso ahondar en detalles.

La Fiscalía abrió el expediente 18-75-033-PE desde el mismo día en que los legisladores plantearon la queja. Se investigan posibles delitos de tráfico de influencias.

Esa causa forma parte de un total de 12 investigaciones penales abiertas contra Gamboa -desde octubre de 2017 hasta la fecha- por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, perjurio y falsedad en la declaración jurada.

El exmagistrado fue suspendido desde octubre del año pasado por sus vínculos con el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, importador de cemento chino y figura central de la trama del “cementazo”.

En enero se ordenó ampliar la suspensión administrativa y este 10 abril Gamboa fue destituido por los diputados de la Asamblea Legislativa, tras un informe elaborado por la Corte Suprema de Justicia, donde subrayaron una pérdida de confianza del exmagistrado en virtud de su relación con el empresario.

Ambos habrían hecho un cuestionado viaje a Panamá en octubre de 2016 y habrían visitado juntos las instalaciones del Ministerio Público para -aparentemente- revisar un expediente penal contra el empresario.

Los expedientes contra el exmagistrado, en virtud del cargo que ostentaba Gamboa, era tramitado por la cúpula de la Fiscalía.

De ahora en adelante, el exfuncionario enfrentará las causas como cualquier otro costarricense, es decir, en los juzgados penales.